Informe crítico al PUA 07
Marta Dodero Planificadora Urbana y Regional
El proceso del Plan Urbano Ambiental se inicia con la promulgación de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en sus artículos 1º, 27 y 29 complementa a la democracia representativa con la democracia participativa y determina al planeamiento, Plan Urbano Ambiental [PUA], como herramienta fundamental del Gobierno Urbano.
Sin embargo, el 12 de noviembre de 1997 se convoca a Audiencia Pública para la modificación del Código mal llamado de Planeamiento Urbano.
Señalamos entonces y reiteramos hoy que es incorrecta la denominación de Código de Planeamiento Urbano, ya que un conjunto de normas agrupadas no produce planeamiento. Planificar es un proceso y por lo tanto, es su misma naturaleza lo que imposibilita que se lo codifique. El Planeamiento es el proceso interactivo e interdisciplinario que permite dar solución a los conflictos urbanos. Mediante la definición de programas de actuación acordados con los distintos sectores de la ciudadanía, que se materializan en varios documentos, desde sistemas tributarios de redistribución de plusvalías generadas por obras, a programas de integración cultural de migrantes por poner un ejemplo, o de preservación de especies autóctonas en parques urbanos, hasta el perfilado de usos y ocupación del suelo. Así son sus instrumentos terminales los planos y las normas; sólo estas codificables. Para que quede claro el concepto: un código es uno de tantos documentos que materializan el Plan Urbano, ni el único, ni el principal.
La confusión surge y perdura en razón de que es a través de ese canal que las corporaciones de la Industria de la Especulación Inmobiliaria [IEI], plantean sus negocios. Es sobre la modificación de los parámetros del Código que se incrementan los rendimientos de las inversiones.
Denunciamos en esa oportunidad lo contradictorio de aquella convocatoria, a pocos días del inicio del estudio del PUA, que debía producir un profundo cambio en el sistema de toma de decisiones territoriales. La Corporación de la IEI había decidido, ya entonces, que nada iba a cambiar. Su poder especulativo estaba asentado en el Código de las componendas y así debía seguir siendo. Así, se han manipulado procesos, se ha presionado y confundido lenguajes, hasta hoy.
Durante la elaboración del PUA 2000 / 2005, el órgano de control integrado por ONGs monitoreo el proceso y denunció los “errores metodológicos” que no conducían ni a la definición de un PUA, ni conformaban ningún sistema participativo. La Justicia de la Ciudad, hizo lugar al reclamo de las ONGs y bloqueo el tratamiento Legislativo de esa carpeta de proyectos-negocios; ver expedientes Nº 2634/01 y 13039/0 Juzgado Nº 1, Secretaría 1ª del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario.
Es aquí pertinente citar a un maestro de Planeamiento que nos advierte en ese sentido, dice J. Brian Mc Loughlin: “una de las consecuencias complejas de nuestros problemas urbanos contemporáneos es el modo en que nuevas instituciones han proliferado normalmente como agencias de contra planeamiento, a veces con el apoyo activo de las autoridades establecidas. Otra consecuencia es el desafío a la legitimidad de los órganos del gobierno establecido”...[1]
...Y eso se hizo en varias oportunidades, culminando con las resoluciones Nºs 749/05 y 1662/05 SIyP que crean una Comisión Asesora, adicta a los designios de la IEI.
El resultado es ese cuadernillo de intenciones, que se presenta subordinando el valor del PUA, definido por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, al citado Código de las componendas. A esto, en lenguaje coloquial, se lo llamaría pasar gato por liebre y también en ese mismo desorden de cosas gatopardismo.
Desde 1996 hasta hoy han pasado once años y estamos peor que entonces. La ciudad ha colapsado; hay situaciones críticas en varios sectores que lo demuestran: cirujeo institucionalizado en “cartoneros con registro”, CEAMSE colmatado y obsolescencia de los métodos de entierros sanitario, la contaminación creciente de las aguas que rodean a la Capital: Matanza-Riachuelo, Reconquista-Luján, y Río de la Plata, infraestructuras insuficientes para abastecer a las poblaciones de áreas consolidadas; hacinamiento en villas, verdaderas ciudades autónomas dentro de la ciudad, con un aumento exponencial en el tráfico de drogas , en la inseguridad y en la delincuencia; congestionamiento endémico del sistema vial, sin ninguna medida que tienda a aliviar la crisis. Hay muchas más cuestiones que el Gobierno no encara, ni el Código de las componendas contempla; así la ciudad se ha convertido en el lugar con más alta concentración de malestar urbano jamás sufrido por sus habitantes.
Con el objetivo de componer una crítica constructiva, se presenta, un listado de conceptos elementales para materializar el mandato constitucional, teniendo en cuenta que en Planeamiento el orden de los factores altera el producto.
El primer paso del proceso, que debe ser profundizado continuamente, es la creación de una cultura del Planeamiento. El accionar de las instituciones del gobierno, en esto, es fundamental, ellas han de estar impregnadas de esta intención priorizando la transparencia y la apertura en una comunicación fluida y permanente. Este primer paso ni se ha esbozado aún, más bien todo lo contrario. Hay gran publicidad de hechos consumados no participados y una larga lista de amparos, solicitando apertura de información.
La integración de la ciudadanía hasta conseguir una participación real y relevante requiere de la difusión cotidiana de información y puesta en valor comprensible de los pasos y temas de interés ciudadano. La apertura incluye colaboraciones directas en conflictos locales, apertura de consultas en distintos niveles e instituciones cercanas a los habitantes, en los distintos campos de su accionar cotidiano. Los ciudadanos hoy, han establecido sus propias redes de información, si bien circunscriptas a reclamos puntuales son una buena iniciativa que ya opera con solvencia.
El Plan Urbano Ambiental [PUA] requiere del conocimiento de la situación urbana en sus distintas escalas, sectores y procesos. Desde el inicio la recolección de datos debe incluir al vecino, ya sea desde los CGPs o en las comunas. Además de los pertinentes pedidos de informes a las distintas instituciones responsables, tanto en el orden local como internacional. El proceso permanente de recolección de datos permite las comparaciones en el tiempo que es básico para determinar y evaluar tendencias.
Los distintos conflictos implican distintas escalas de resolución. Cada tema requiere un método de abordaje específico, si bien las premisas fundamentales de transparencia e información deben ser los ejes principales de las actuaciones.
El Plan es una suma de programas complejos y de medios para la transformación territorial, producidos continuadamente por distintos equipos, en sucesivos acuerdos con la comunidad. Para que el proceso de planeamiento se opere legitimándose, deben determinarse procedimientos normados con claridad, adaptados a los casos en estudio, en todas las etapas y escalas del proceso.
Hoy la opinión pública no involucrada en el proceso participativo se hace oír, está tomando posiciones desde sus derechos. Los acuerdos que debían haberse elaborado y que darían las respuestas acordadas entre todos los sectores no están y se producen enfrentamientos por el incumplimiento de la ley por parte de los organismos del Gobierno Urbano. Desde hace once años es el Gobierno el que incumple la Constitución.
Hoy la ciudadanía no parece estar dispuesta a avalar ese despropósito. El reclamo por las identidades barriales, la negativa a la construcción de torres y el reclamo por el traspaso de tierras nacionales para uso público, como así también la recuperación de la ribera, muestran la responsabilidad de los ciudadanos en el proceso de jerarquización de su calidad de vida urbana.
Desde hace once años se está produciendo un proceso de afianzamiento del poder corporativo de la Industria de la Especulación Inmobiliaria [IEI] sobre los intereses de la ciudadanía. El cuadernillo de intenciones presentado a la Legislatura es el más claro exponente del desparpajo y de la impunidad de esos señores para imponer sus voluntades.
San Isidro, 8 de marzo de 2007
[1] Planeamiento Urbano y Control; J.Brian Mc Loughlin pag. 288. Nuevo Urbanismo, IEAL, Madrid
Marta Dodero Planificadora Urbana y Regional
El proceso del Plan Urbano Ambiental se inicia con la promulgación de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en sus artículos 1º, 27 y 29 complementa a la democracia representativa con la democracia participativa y determina al planeamiento, Plan Urbano Ambiental [PUA], como herramienta fundamental del Gobierno Urbano.
Sin embargo, el 12 de noviembre de 1997 se convoca a Audiencia Pública para la modificación del Código mal llamado de Planeamiento Urbano.
Señalamos entonces y reiteramos hoy que es incorrecta la denominación de Código de Planeamiento Urbano, ya que un conjunto de normas agrupadas no produce planeamiento. Planificar es un proceso y por lo tanto, es su misma naturaleza lo que imposibilita que se lo codifique. El Planeamiento es el proceso interactivo e interdisciplinario que permite dar solución a los conflictos urbanos. Mediante la definición de programas de actuación acordados con los distintos sectores de la ciudadanía, que se materializan en varios documentos, desde sistemas tributarios de redistribución de plusvalías generadas por obras, a programas de integración cultural de migrantes por poner un ejemplo, o de preservación de especies autóctonas en parques urbanos, hasta el perfilado de usos y ocupación del suelo. Así son sus instrumentos terminales los planos y las normas; sólo estas codificables. Para que quede claro el concepto: un código es uno de tantos documentos que materializan el Plan Urbano, ni el único, ni el principal.
La confusión surge y perdura en razón de que es a través de ese canal que las corporaciones de la Industria de la Especulación Inmobiliaria [IEI], plantean sus negocios. Es sobre la modificación de los parámetros del Código que se incrementan los rendimientos de las inversiones.
Denunciamos en esa oportunidad lo contradictorio de aquella convocatoria, a pocos días del inicio del estudio del PUA, que debía producir un profundo cambio en el sistema de toma de decisiones territoriales. La Corporación de la IEI había decidido, ya entonces, que nada iba a cambiar. Su poder especulativo estaba asentado en el Código de las componendas y así debía seguir siendo. Así, se han manipulado procesos, se ha presionado y confundido lenguajes, hasta hoy.
Durante la elaboración del PUA 2000 / 2005, el órgano de control integrado por ONGs monitoreo el proceso y denunció los “errores metodológicos” que no conducían ni a la definición de un PUA, ni conformaban ningún sistema participativo. La Justicia de la Ciudad, hizo lugar al reclamo de las ONGs y bloqueo el tratamiento Legislativo de esa carpeta de proyectos-negocios; ver expedientes Nº 2634/01 y 13039/0 Juzgado Nº 1, Secretaría 1ª del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario.
Es aquí pertinente citar a un maestro de Planeamiento que nos advierte en ese sentido, dice J. Brian Mc Loughlin: “una de las consecuencias complejas de nuestros problemas urbanos contemporáneos es el modo en que nuevas instituciones han proliferado normalmente como agencias de contra planeamiento, a veces con el apoyo activo de las autoridades establecidas. Otra consecuencia es el desafío a la legitimidad de los órganos del gobierno establecido”...[1]
...Y eso se hizo en varias oportunidades, culminando con las resoluciones Nºs 749/05 y 1662/05 SIyP que crean una Comisión Asesora, adicta a los designios de la IEI.
El resultado es ese cuadernillo de intenciones, que se presenta subordinando el valor del PUA, definido por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, al citado Código de las componendas. A esto, en lenguaje coloquial, se lo llamaría pasar gato por liebre y también en ese mismo desorden de cosas gatopardismo.
Desde 1996 hasta hoy han pasado once años y estamos peor que entonces. La ciudad ha colapsado; hay situaciones críticas en varios sectores que lo demuestran: cirujeo institucionalizado en “cartoneros con registro”, CEAMSE colmatado y obsolescencia de los métodos de entierros sanitario, la contaminación creciente de las aguas que rodean a la Capital: Matanza-Riachuelo, Reconquista-Luján, y Río de la Plata, infraestructuras insuficientes para abastecer a las poblaciones de áreas consolidadas; hacinamiento en villas, verdaderas ciudades autónomas dentro de la ciudad, con un aumento exponencial en el tráfico de drogas , en la inseguridad y en la delincuencia; congestionamiento endémico del sistema vial, sin ninguna medida que tienda a aliviar la crisis. Hay muchas más cuestiones que el Gobierno no encara, ni el Código de las componendas contempla; así la ciudad se ha convertido en el lugar con más alta concentración de malestar urbano jamás sufrido por sus habitantes.
Con el objetivo de componer una crítica constructiva, se presenta, un listado de conceptos elementales para materializar el mandato constitucional, teniendo en cuenta que en Planeamiento el orden de los factores altera el producto.
El primer paso del proceso, que debe ser profundizado continuamente, es la creación de una cultura del Planeamiento. El accionar de las instituciones del gobierno, en esto, es fundamental, ellas han de estar impregnadas de esta intención priorizando la transparencia y la apertura en una comunicación fluida y permanente. Este primer paso ni se ha esbozado aún, más bien todo lo contrario. Hay gran publicidad de hechos consumados no participados y una larga lista de amparos, solicitando apertura de información.
La integración de la ciudadanía hasta conseguir una participación real y relevante requiere de la difusión cotidiana de información y puesta en valor comprensible de los pasos y temas de interés ciudadano. La apertura incluye colaboraciones directas en conflictos locales, apertura de consultas en distintos niveles e instituciones cercanas a los habitantes, en los distintos campos de su accionar cotidiano. Los ciudadanos hoy, han establecido sus propias redes de información, si bien circunscriptas a reclamos puntuales son una buena iniciativa que ya opera con solvencia.
El Plan Urbano Ambiental [PUA] requiere del conocimiento de la situación urbana en sus distintas escalas, sectores y procesos. Desde el inicio la recolección de datos debe incluir al vecino, ya sea desde los CGPs o en las comunas. Además de los pertinentes pedidos de informes a las distintas instituciones responsables, tanto en el orden local como internacional. El proceso permanente de recolección de datos permite las comparaciones en el tiempo que es básico para determinar y evaluar tendencias.
Los distintos conflictos implican distintas escalas de resolución. Cada tema requiere un método de abordaje específico, si bien las premisas fundamentales de transparencia e información deben ser los ejes principales de las actuaciones.
El Plan es una suma de programas complejos y de medios para la transformación territorial, producidos continuadamente por distintos equipos, en sucesivos acuerdos con la comunidad. Para que el proceso de planeamiento se opere legitimándose, deben determinarse procedimientos normados con claridad, adaptados a los casos en estudio, en todas las etapas y escalas del proceso.
Hoy la opinión pública no involucrada en el proceso participativo se hace oír, está tomando posiciones desde sus derechos. Los acuerdos que debían haberse elaborado y que darían las respuestas acordadas entre todos los sectores no están y se producen enfrentamientos por el incumplimiento de la ley por parte de los organismos del Gobierno Urbano. Desde hace once años es el Gobierno el que incumple la Constitución.
Hoy la ciudadanía no parece estar dispuesta a avalar ese despropósito. El reclamo por las identidades barriales, la negativa a la construcción de torres y el reclamo por el traspaso de tierras nacionales para uso público, como así también la recuperación de la ribera, muestran la responsabilidad de los ciudadanos en el proceso de jerarquización de su calidad de vida urbana.
Desde hace once años se está produciendo un proceso de afianzamiento del poder corporativo de la Industria de la Especulación Inmobiliaria [IEI] sobre los intereses de la ciudadanía. El cuadernillo de intenciones presentado a la Legislatura es el más claro exponente del desparpajo y de la impunidad de esos señores para imponer sus voluntades.
San Isidro, 8 de marzo de 2007
[1] Planeamiento Urbano y Control; J.Brian Mc Loughlin pag. 288. Nuevo Urbanismo, IEAL, Madrid
APEVU 1993 - 2007
Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos
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